"Bajar déficit,si, pero de otro modo"

La huelga del 8 de junio y los recortes del Gobierno. Los secretarios de los dos sindicatos mayoritarios en Málaga, CCOO y UGT, analizan los recortes aprobados por el Gobierno y justifican la convocatoria de huelga para el sector público del próximo martes. Los sindicatos recuerdan que el peso del empleo público es inferior al de países como Francia y Bélgica y proponen fórmulas alternativas de ahorro público


Antonio Herrera Secretario General de CCOO en Málaga
Existen muchas interpretaciones de las causas de la enorme crisis financiera y económica que estamos sufriendo en el mundo.

Una, que pertenece a la sensibilidad liberal, asume que la culpa la tiene el excesivo gasto público, que ha ahogado el crecimiento económico. De esta interpretación se derivan las propuestas de que hay que disminuir tal gasto a fin de reducir el déficit y la deuda pública. Visión ésta generalizada mayoritariamente en los foros financieros, políticos y mediáticos de la Unión Europea.

Como prueba muestran que los países que están en peor situación son los del Sur de Europa (Grecia, Portugal España e Irlanda), que tienen mayores déficit, consecuencia de su excesivo gasto público. De ahí la necesidad de reducirlo para recuperar su economía y salvar al euro que pasa dificultades por culpa de los mismos.

En cuanto al elevado desempleo, se atribuye fundamentalmente a las supuestas rigideces del mercado laboral, consecuencia de unos sindicatos fuertes e influyentes que obstaculizan la recuperación económica por su defensa del empleo de calidad, con derechos y salarios dignos creando un elevado desempleo.

De ahí se derivan las políticas económicas promovidas por la UE de reducción del gasto del empleo público y de disminución de los derechos sociales y laborales. En realidad son las políticas liberales que los mundos financieros y empresariales han deseado durante muchos años y que utilizan la crisis para llevarlas acabo. Es la plena expresión de lo que solía llamarse ‘Lucha de clases’ en la que las clases dominantes lideradas por el capital financiero están imponiendo sus exigencias a las clases populares a fin de recuperar su rentabilidad.

Las medidas aprobadas por el Gobierno (congelar las pensiones, rebajar los salarios de los empleados públicos, suprimir el periodo transitorio para la jubilación parcial, suprimir la retroactividad en la ley de dependencia y reducir la inversión pública) se pliegan a los dictados de los intereses del pensamiento neoliberal y de los mercados y ese es el sentido del plan de ajuste.Las medidas son injustas, castigan a las personas y colectivos de trabajadores más vulnerables, sólo persiguen reducir el gasto público y no en aumentar los ingresos del Estado, provocando un importante descenso del consumo y una pérdida importante de puestos de trabajo, amenazando también la negociación colectiva.

El plan de ajuste quiebra la legitimidad del diálogo social, vulnera acuerdos y consensos parlamentarios sobre el sistema de pensiones alcanzados en el Pacto de Toledo.Para CCOO hay otra forma de abordar la salida de la crisis, distribuyendo más equitativamente los esfuerzos a realizar, sin recortar derechos de los trabajadores y trabajadoras.

Nuestras alternativas son recuperar los impuestos sobre patrimonio, sucesiones y donaciones. Esos ingresos evitarían la pérdida de poder adquisitivo de seis millones de pensionistas. Establecer un nuevo tramo en el IRPF con un tipo de gravamen del 50% para los ingresos superiores a los 120.000 euros. Recuperación del tipo de gravamen del 35% para las sociedades con una facturación superior a los 500 millones.

Combatir de manera efectiva el fraude fiscal estimado en España en más de 90.000 millones y la economía sumergida, situada en el 25%. Aplicar una política económica que haga del empleo su objetivo principal y una reforma laboral que erradique la temporalidad injustificada y la dualidad del mercado de trabajo.CCOO afirma que con estas medidas se podría reducir el déficit en una cantidad superior a la estimada por el Gobierno sin lesionar derechos sociales y laborales.

Si persiste en su plan de ajuste y no en la búsqueda de un gran acuerdo social y político e insiste en el recorte social y en lesionar derechos de los trabajadores se encontrará con una huelga general. El primer rechazo a estas medidas lo protagonizarán los empleados públicos en la huelga general de la función pública el próximo día 8 de junio.

Manuel Ferrer Secretario General de UGT en Málaga

Han ganado, ¿no? O al menos, y de momento, eso parece. Hace unos dos años se inició no sólo la que iba a ser la mayor crisis vivida en Occidente desde los años 30 del pasado siglo, y que no era más que el resultado final de una confrontación que había marcado todo el devenir del siglo XX y gran parte del XIX; hace dos años comenzó, sobre todo, la transformación de un modelo social y económico, que con múltiples carencias y deficiencias, había asegurado unos mínimos de equidad, justicia y bienestar para la clase trabajadora de este país.

Hoy parece que todo eso está abocado al derrumbe. Los todopoderosos mercados marcan otro camino, donde la justicia social queda relegada frente al interés economicista de unos pocos. La Economía, y los economistas, nos señalan un sendero que, a juzgar por el bombardeo mediático, se presenta como único e indiscutible. Y sin embargo, se puede, y debemos, discutir.Porque no es cierto, y hay que decirlo.

Porque la economía como forma aséptica alejada del pensamiento y la ideología no existe, y hay otro modelo económico basado en la regulación de los mercados, en la recuperación del papel de los Estados (es decir, del principio democrático), en la seguridad, la responsabilidad y la ética.Hay que reducir el déficit, sí. Ése que generamos para paliar el desastre que ellos crearon (España hace tres años tenía superávit). Y controlar el gasto público.

Pero no se dicen muchas cosas: que nuestro país tiene uno de los servicios públicos más menguados de la UE, con un gasto público social a la cola de la Europa de los 15, que nuestro déficit no viene tanto del exceso de gasto como de la falta de ingresos; que los impuestos son escasamente progresivos debido al excesivo poder del capital; o que nuestro empleo público es el más bajo de la UE15 (un 14% de la población adulta trabaja en los servicios públicos, por encima sólo de Portugal, y muy por debajo del 29% de Francia o el 32% de Bélgica).

Así que ahora nos vuelve a tocar a los trabajadores. Y por supuesto, a los empleados públicos, el chivo expiatorio de todas las culpas de los otros. Aquellos que nunca se han beneficiado de la bonanza (en los últimos 28 años han perdido un 40% de su poder adquisitivo, y ahora perderán un 10% más). También los jubilados perderán. Todos perderemos.

Porque no hablamos sólo de porcentajes, ni de dinero sino de un cambio de modelo, de la ruptura de los acuerdos, de la confianza.El recorte repercutirá en el consumo, que determina gran parte de la economía (si se gasta menos, si se consume menos, también se produce menos, y al final, lo de siempre, más desempleo). El recorte en la inversión volverá a generar más paro (si el Estado no invierte, serán las empresas, y con ellas sus empleados, los perjudicados), y, con ello, la necesidad de mayor protección social y el descenso de los ingresos del Estado. Y más déficit, claro. Y la necesidad de nuevos recortes para paliarlo… Y al final, todavía menos protección social.

Demasiado sufrimiento. Para nada. Y hay otras fórmulas, por supuesto, para reducir el déficit. Un programa de estímulo a la economía, incentivar las inversiones públicas de alta rentabilidad, aumentar el gasto público social y, por lo tanto, los servicios públicos generadores de empleo y consumo; regular y controlar los mercados financieros; banca pública que posibilite el crédito a las empresas (ya existió); revisar el sistema impositivo… Otras fórmulas que no interesan… a los mercados. Es fácil reducir el sueldo a los funcionarios. Y es duro mantenerse firme ante las presiones monetarias internacionales.

Lo siguiente será una reforma laboral que UGT confía en que no suponga asumir las propuestas de los empresarios: más recorte de derechos. Por eso es el momento de tener y dar fortaleza. De hacer volver al Gobierno a su ideario socialista, a la justicia social. Empezando el 8 de junio, huelga general para la función pública.