Traducción de un artículo publicado el jueves en
varios periódicos económicos alemanes, por su corresponsal en
España
Hoy, 6 de septiembre, se
encuentran en Madrid los gobiernos de Alemania y España, acompañados de un
nutrido grupo de empresarios, y donde seguro hablarán sobre las condiciones para
poder otorgar más ayudas financieras a España o a su sistema bancario. En los
dos lados se ha elevado el tono en los últimos meses y es con gran expectación
que España espera ahora la decisión que va a tomar el Tribunal Constitucional
alemán, que esa sí es crucial, el día 12, sobre la conformidad o no del rescate
europeo y las obligaciones derivadas para los alemanes.
En Alemania crece la critica contra la supuesta
"mentalidad de fiesta" de los españoles; en España los medios cada vez son más
negativos con la supuesta dureza de la canciller Merkel. Pensamos que la
situación es mucho más compleja de lo que presentan ambos gobiernos y la mayoría
de los medios. España no es Grecia, pero España puede ser un paciente crónico si
Alemania, junto con Europa, no contribuye a solucionar sus verdaderos
problemas.
España no debería recibir más dinero sin que
se cambie a fondo el sistema político y económico, hoy en manos de una
oligarquía política aliada con la oligarquía económica y financiera, y sin que
se aumente la participación ciudadana real en las decisiones
políticas. Para no perpetuar la crisis
y endeudar a los españoles durante generaciones, el Gobierno español debe
reformar a fondo la administración de las comunidades autónomas y los
ayuntamientos, en su mayoría en bancarrota y completamente fuera de control,
sometiendo a referéndum el modelo de Estado.
Este tema es la clave del futuro de España, porque las
regiones, ayuntamientos y diputaciones son los responsables de los dos tercios
del gasto público -234.000 millones frente a 118.000 el Estado en 2011-,
excluyendo la Seguridad Social -23.000 millones-, y este gasto se realiza en
condiciones de descontrol, despilfarro y corrupción totalmente inaceptables. Las
razones verdaderas de la crisis del país, en consonancia con lo dicho, nada
tienen que ver con salarios demasiado altos -un 60 % de la población ocupada
gana menos de 1.000 euros/mes-, pensiones demasiado altas -la pensión media es
de 785 euros, el 63% de la media de la UE-15- o pocas horas de trabajo, como se
ha trasmitido a veces desde Alemania. A España tampoco le falta talento, ni
capacidad empresarial ni creatividad. Tiene grandes pensadores, creativos,
ingenieros, médicos excelentes y gestores de primer nivel.
La
razón de la enfermedad de España es un modelo de Estado inviable, fuente de todo
nepotismo y de toda corrupción, impuesto por una oligarquía de partidos en
connivencia con las oligarquías financiera y económica, y con el poder judicial
y los organismos de control a su servicio. En España no existe
separación de poderes, ni independencia del poder judicial, ni los diputados
representan a los ciudadanos, solo a los partidos que los ponen en una lista.
Todo esto lleva también a una economía sumergida que llega al 20% del PIB y que
frena la competencia, la eficacia y el desarrollo del país. Además, detrae
recursos con los que podrían financiarse educación y sanidad.
Las ayudas
para España, igual que para otros posible candidatos de rescates, no deben ir a
bancos ya casi en bancarrota y fuertemente politizados. En la CAM, el Gobierno
ha comprometido 16.000 millones de dinero público en lugar de cerrarla; en
Bankia, 23.000, y el Ejecutivo acaba de darle 5.000 millones urgentemente para
cubrir pérdidas en vez de cerrarla, y además de forma tan extraña que despierta
todo tipo de recelos. ¿Por qué se ha utilizado el dinero de los españoles (FROB)
en vez de esperar los fondos de la UE? Es lícito suponer que la razón es la
siguiente: los bancos no quieren que la UE investigue sus
cuentas.
Control
estricto y duras condiciones. Ya el caso de Grecia ha demostrado que las ayudas
europeas tienen que estar vinculadas a un control estricto y condiciones duras.
Esas condiciones no pueden solamente representar recortes
sociales o subidas brutales de impuestos, como hace ahora el Gobierno de Mariano
Rajoy con la excusa de Europa . Se tiene que
cambiar más en España que cortar gasto social, que de todos modos es mucho más
bajo que en Alemania, y hay otros gastos infinitamente más relevantes que se
pueden eliminar. Además, los casos de corrupción resultan tan escandalosos,
incluso en el propio Gobierno, que uno solo puede llegar a una
conclusión: el dinero de Europa no puede ser manejado por
personas tan increíblemente venales.
La pasada semana el ministro de Industria Soria
-imputado también por corrupción urbanística en Canarias- acusó al ministro de
Hacienda en el Consejo de Ministros de favorecer descaradamente a la empresa
líder de renovables, Abengoa, de la que había sido asesor, en la nueva
regulación de estas energías, que reciben más de 7.000 millones de euros de
subvenciones anualmente. Y Rajoy, al que entregó una carta probatoria, ni dijo
ni hizo absolutamente nada.
No puede
permitirse por más tiempo este nivel de corrupción, y menos aún a 17 regiones
funcionando como estados independientes, con todos los organismos multiplicados
por 17, desde 17 servicios meteorológicos a 17 defensores del pueblo, con 200
embajadas, 50 canales de TV regionales en pérdida, 30.000 coches oficiales o
4.000 empresas públicas que emplean a 520.000 personas, creadas específicamente
para ocultar deuda y colocar a familiares y amigos sin control ni fiscalización
alguna. En conjunto, unos 120.000 millones, equivalentes al
11,4% del PIB, se despilfarran anualmente en un sistema de nepotismo, corrupción
y falta de transparencia.
Y con esto
se tiene que acabar, entre otras cosas, porque ya no hay dinero. Los últimos
datos de las cuentas públicas conocidos la pasada semana son escalofriantes. El
déficit del Estado a julio ascendió al 4,62% del PIB, frente a un déficit del
3,5% comprometido con la UE para todo el año (del 6,3% incluyendo regiones y
ayuntamientos). Pero lo realmente inaudito es que España está gastando el doble
de lo que ingresa. 101.000 millones de gasto a julio frente a 52.000 millones de
ingresos, y precisamente para poder financiar el despilfarro de regiones y
ayuntamientos, que no están en absoluto comprometidos con la consolidación
fiscal.
El tema del déficit público
es algo que roza la ciencia ficción, y que ilustra perfectamente la credibilidad
de los dos últimos gobiernos de España. En noviembre de 2011, el Gobierno dijo
que el déficit público era del 6% del PIB; a finales de diciembre, el nuevo
Gobierno dijo que le habían engañado y que el déficit era superior al 8%, y que
se tomaba tres meses para calcularlo con toda precisión. A finales de marzo, se
dijo que definitivamente era del 8,5%, y ésta fue la cifra que se envió a
Bruselas. Dos semanas después, la Comunidad de Madrid dijo que sus cifras eran
erróneas y el Ayuntamiento de la capital igual… el déficit era ya del
8,7%.
Sin embargo, la semana pasada
el INE dijo que el PIB de 2011 estaba sobrevalorado y, con la nueva cifra, el
déficit era del 9,1%; dos días después, Valencia dijo que su déficit era de
3.000 millones más; o sea, que estamos en el 9,4% y las otras 15 CCAA y 8.120
ayuntamientos aún no han corregido sus cifras de 2011. Lo único que sabemos es
que están todas infravaloradas. El déficit real de 2011 puede estar por encima
del 11%, y en 2012 se esta gastando el doble de lo que se ingresa. Como dice el
Gobierno de Rajoy, “estamos en la senda de convergencia”. Y es verdad… de
convergencia hacia Grecia.
Claramente, la joven democracia española tiene todavía
muchos déficits de representatividad y de democracia que deberían interesar a la
canciller Merkel y también a Europa, si queremos evitar una Grecia multiplicada
por cinco y salvar el euro. Esto es lo que ha hecho posible el despilfarro
masivo de las ayudas europeas, con una asignación disparatada de las mismas, a
pesar de que estas ayudas han supuesto una cifra mayor que la del Plan Marshall
para toda Europa.
Es frustrante que a causa de este
sistema oligárquico nepotista y corrupto se destroce talento y creatividad y que
ahora muchos jóvenes se vean forzados a trabajar fuera, muchos en Alemania. Esa
situación nos ha llevado a una distribución de riqueza que es de las más
injustas de la OECD. La antaño fuerte clase media española está siendo
literalmente aniquilada.
Resumiendo: no es una falta de voluntad de trabajo, como
se piensa tal vez en algunos países del norte de Europa, lo que
hace que España sufra la peor crisis económica de su Historia. Es un sistema
corrupto e ineficiente. La crítica del
Gobierno alemán y sus condiciones para un rescate de España se deberían
concentrar en la solución de esos problemas. En caso contrario, solo conseguirán
que una casta política incompetente y corrupta arruine a la nación para varias
generaciones.
*Stefanie Claudia
Müller es corresponsal alemana en Madrid y economista;
martes, 18 de septiembre de 2012
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario